NO CON NUESTRO DINERO
Conscientes de lo que está en juego, un grupo de vecinos de Casas
Ibáñez, Villamalea y Mota del Cuervo hemos decidido manifestar nuestra
decepción ante la posibilidad de que el órgano administrativo de las
respectivas cajas rurales pudiera plantear la fusión con entidades
mayores y nuestra voluntad de hacer todo lo posible para que no llegue
a consumarse. Conviene recordar que la fusión no es una novedad en el
imaginario colectivo local sino que ya se planteó hace nueve o diez
años como una exigencia de la política financiera del Banco de España.
Por entonces, yo era miembro del Consejo Rector de la Cooperativa
Nuestra Señora de la Cabeza, lo que me permitió debatir en varias
ocasiones con el presidente de la Caja Rural de Casas Ibáñez.
Inclusive escribí un artículo en el periódico local intentando
sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de preservar la
independencia. Después de todo este tiempo, la reflexión que debemos
hacer es que nuestra entidad financiera local no sólo no ha sucumbido
sino que ha salido reforzada en solvencia y buenas prácticas
bancarias, demostrando que la política de fusiones auspiciada por el
Banco de España y los gobiernos neoliberales para lo único que sirve
es para crear grandes corporaciones financieras desvinculadas de la
economía real local que, por su enorme poder y por escapar al control
de los ciudadanos y de los gobiernos, han convertido la economía
financiera en un gran casino de juego y centro de operaciones de todo
tipo de actividades delictivas contra la sociedad. Por tanto, nos
parece legítimo seguir defendiendo el modelo que representa nuestra
Caja Rural y seguir dudando de que las exigencias del Banco de España
no se puedan solventar. Además, es nuestro derecho como socios
propietarios, que está por encima de otro tipo de intereses. Lo último
que entenderíamos es que alguien (desde dentro o desde fuera de la
Caja Rural) nos acuse de intrusismo por defender la independencia de
nuestra entidad a través de las reglas del juego establecidas en sus
estatutos. Ya sea a través de la contratación de servicios exteriores,
ya a través de la firma de convenios con las otras dos cajas locales y
la petición de colaboración a los socios en el órgano administrativo,
ya una combinación de todas ellas, estamos convencidos de que
preservar la independencia es posible e irrenunciable.
Porque el tamaño es importante, pero en sentido contrario al que le
otorga el Banco de España, quiero romper una lanza en defensa de las
pequeñas entidades. Recordemos que nuestra Caja Rural nació como
sección de crédito de la Cooperativa del Campo Nuestra Señora de la
Cabeza hasta convertirse en una cooperativa de segundo grado. No hace
falta señalar que, como sección de crédito de una empresa dedicada a
la transformación y comercialización de la producción agraria, es un
claro ejemplo de vinculación a la economía real, a esa economía que
proporciona bienes y servicios en relación con esa otra que se dedica
a la especulación financiera, a la estafa, al blanqueo y evasión de
capitales o al ataque a la sociedad del bienestar. Su conversión en
cooperativa de segundo grado le otorgó mayor independencia y capacidad
económica al servicio igualmente de la economía local y del bienestar
de los vecinos. Gracias a su reducido ámbito (subcomarcal), no la
podemos imaginar dedicándose a especular en los mercados financieros,
al blanqueo y evasión de capitales, a atacar la sociedad del
bienestar, a promover planes de pensiones y cuestionar las pensiones
públicas, al saqueo de recursos (empezando por el dinero de sus
clientes y accionistas) o desestabilización de gobiernos en el tercer
mundo, a especular con la moneda de otros países sino a lo que debe
dedicarse cualquier entidad bancaria que anteponga el servicio público
a la maximización de beneficios. Por tanto, cuando el Banco de España
apremia las fusiones bancarias, actuando a veces de forma culposa y
aún dolosa (como ha ocurrido con las cajas de ahorros), lo que está
haciendo en realidad es prestar sus servicios a esa ingeniería
bancaria responsable de los crímenes más execrables, de lo que son
convenientemente recompensados sus técnicos con sobresueldos cuando
abandonan el sector público.
No sólo el pequeño tamaño es importante a la hora de garantizar la
utilidad social de una entidad bancaria sino también su solvencia. El
pasado viernes día 10 de Junio, en el acto que se hizo en Casas
Ibáñez, alguien preguntó sobre los riesgos de quiebra que conlleva una
pequeña entidad. Yo intenté aclarar que el riesgo no es mayor que el
de las grandes entidades ya que la normativa establece un porcentaje
máximo de los recursos propios por cliente (diversificación de
riesgos). Suponiendo que el máximo fuera el 5%, nuestra Caja Rural,
con unos 1000 millones de pesetas de recursos propios, no puede
prestar más de 50 millones por cliente, el mismo porcentaje que otras
entidades con mayores recursos. Además, la asamblea de socios podría
incrementar la seguridad bajando este ratio al 3% salvo que se trate
de préstamos a empresas con elevado número de socios o trabajadores y
que desarrollen sus actividades en Casas Ibáñez y comarca. Las otras
dos cajas podrían colaborar prestando otro tanto a esos clientes, con
lo que el montante sería mayor sin asumir más riesgos. También podría
aprobar la asamblea que se invierta preferentemente en renta fija y
garantizada (como deuda pública) la parte no dedicada a la economía
local y comarcal y excluir determinadas actividades de la cartera de
clientes. De este modo, la seguridad mejoraría respecto de otras
entidades que no toman este tipo de medidas (la práctica totalidad de
las grandes). Pero lo que marca la diferencia en cuanto a solvencia es
que, al estar vinculada a la economía real local y estar dirigida por
vecinos que carecen de la mentalidad capitalista de quienes dirigen
las grandes entidades, seguiríamos al margen de la codicia de los
tiburones de la banca, que habrían quebrado todos los grandes bancos y
cajas de no ser por el rescate público. Y digo bien, ya que los
grandes bancos con problemas de liquidez también habrían quebrado de
haber tenido que vender parte de su sobrevalorado patrimonio
inmobiliario.
¿Cómo explicar que un sector tan poderoso y rentable haya incurrido en
un estado de quiebra técnica y que sus directivos gocen de
supersueldos y absoluta impunidad a pesar de haber dilapidado el
dinero de los ahorradores y accionistas? Para responder a preguntas
tan inquietantes como esta, no nos sirve la información de los grandes
medios de comunicación, entre cuyos propietarios destaca el sector
financiero. Por el contrario, hay que recurrir a publicaciones
independientes o de editoriales comprometidas (como Akal) cuyos
autores cuenten con la debida honestidad y capacidad intelectual. Este
es el caso del libro “El botín de Botín” (Josep Manuel Novoa,
ediciones FOCA), del que he regalado un ejemplar a la biblioteca de
Casas Ibáñez. Su interés es mayor si cabe por haberse escrito con
anterioridad a la crisis, por lo que no se puede acusar al autor de
que sus denuncias sean puro oportunismo. Aunque su contenido se centra
en el botín logrado por el presidente del SCH con la colaboración del
Banco de España y partidos gobernantes, es una fiel radiografía de las
corruptelas que caracterizaron al sistema bancario anterior a la
crisis y del que esta no es más que un capitulo más. Entre los méritos
del autor, además de su sólida formación en ciencias económicas, la
denuncia que hizo en una de las Asambleas del SCH (en 2002) ante las
narices de Botín, a quien acusó de haber creado un banco paralelo
dentro de la entidad, a donde desviaba cerca de la mitad de los
beneficios anuales a través de empresas del grupo que operaban en
paraísos fiscales y que entraban y salían de la contabilidad de un año
para otro sin que se diera la menor explicación por parte de la
empresa auditora, Arthur Andersen, a la altura del betún en USA desde
el escándalo de Enron, que pasaba a limpio los juegos de magia del
cántabro. Este ejemplo demuestra que la privatización de beneficios y
socialización de pérdidas (otro de los malabarismos del banquero) no
ocurren sólo en el sector público. Entiéndase que el hecho de que
Emilio Botín tenga el 25% del SCH no es una garantía para sus
accionistas y clientes si puede crear entidades paralelas a las que
desviar beneficios y de las que transferir pérdidas en caso de que
goce en estas de un porcentaje de capital superior al 25%. Este
sencillo argumento debería hacer sonar todas las alarmas de los
incautos clientes y accionistas en los bancos no vinculados a la
economía real y que no permiten un control asambleario como nuestra
Caja Rural.
Quien hoy pasa por ser el gran asesor en política económica del
gobierno de Zapatero no sólo gozaba del privilegio de una doble
contabilidad en el banco mayor de España, que le permitía apropiarse
de una buena parte de los beneficios sin que los inspectores del Banco
de España notaran nada extraño (según cuenta Josep Manuel Novoa). Su
gran invento en ingeniería financiera, las cesiones de crédito, le
permitió defraudar al fisco la friolera de 100.000 millones de pesetas
con el visto bueno del fiscal y abogado del estado, que juraron y
perjuraron ante la jueza del caso que el ciudadano Emilio Botín era
inocente de los cargos imputados. Dícen las malas lenguas que fue
María Teresa Fdez de la Vega, por entonces Secretaria General del
ministerio de Justicia, quien iluminó a los representantes del interés
público a la hora de hacer el trabajo del abogado defensor del
banquero. Pero lo que elevó a Botín al Olimpo de los banqueros fue la
que, para ilustres expertos como Novoa, es la mayor de las estafas de
este país: el caso Banesto. Había que inventar un agujero para acabar
con Mario Conde y nada mejor para ello que recurrir a la institución
experta en ingeniería financiera de la peor calaña: el Banco de
España. A decir verdad, lo que hicieron los inspectores no tiene
especial mérito y sólo podía salir bien en un país donde la impunidad
de esta clase de delitos está garantizada: calificar como incobrables
créditos plenamente garantizados a los que, por considerarlos
fallidos, los dotaron de valor 1 peseta. De este modo, préstamos de
miles de millones garantizados hipotecaria y personalmente (como los
de la familia Villar Mir) fueron rebajados a una peseta hasta acumular
la cantidad de 600.000 millones. Pero lo más reseñable del caso es que
Botín (según se cuenta en el libro y puede leerse en numerosas
publicaciones de alto nivel) no dejó pasar la oportunidad de cobrar la
mayor parte de esos préstamos una vez que compró Banesto, con lo que
la adquisición se convirtió quizá en el mayor pelotazo financiero de
la historia de este país. Quien quiera echar leña al fuego de este
corrupto sistema bancario no tiene más que apoyar cualquier iniciativa
de fusión de la Caja Rural con entidades mayores y quien quiera
combatirlo del modo más eficaz posible que nos apoye para que la
política de fusiones pase a convertirse en una política de fisiones
bancarias, pequeñas entidades, banca pública y banca ética.
Ismael García Gómez