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NUEVOS DESARROLLOS JURIDICOS INTERNACIONALES EL USO

nuevos desarrollos juridicos internacionales el uso de la fuerza en el combate al terrorismo internacional. autores: dr. lauta
23 Feb, 2023
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NUEVOS DESARROLLOS JURIDICOS INTERNACIONALES
EL USO DE LA FUERZA EN EL COMBATE AL TERRORISMO INTERNACIONAL.
AUTORES: DR. LAUTARO AMIUNE; DRA. ERIKA MOEYKENS; DRA. JESSICA NESSIM
1.
INTRODUCCION:
La temática convocante a la que adscribimos nuestro trabajo es "Nuevos
Desarrollos Jurídicos Internacionales". Este trabajo intenta
desentrañar desde una óptica jurídica, las consecuencias que el
terrorismo produjo en el sistema de derecho internacional,
principalmente, luego del 11 de septiembre. Partiendo de esos ataques
analizamos la conducta de los Estados como sujetos fundadores y
miembros de un sistema de derecho internacional, y si sus conductas
violan o no las normas del sistema legal. Nuestro análisis toma como
base, principalmente, las normas generales integrantes de la Carta de
Naciones Unidas, con especial énfasis en las Resoluciones del Consejo
de Seguridad vinculadas a este tema (fundamentalmente las de estos
últimos cuatro años). Recuérdese que por las Resoluciones 1368 (2001)
y 1373 (2001), el Consejo de Seguridad le ha otorgado a estos ataques
el carácter de "ataque armado", habilitando, de esta manera, el
instituto de la "legítima defensa", uno de los principios generales de
la Carta. Ello nos parece una abierta violación a reglas generales de
la Carta de San Francisco. Con este trabajo nos proponemos entonces
hacer, no una denuncia o una mera enunciación de los problemas y sus
consecuencias sino un verdadero planteo que deje abiertas las puertas
a posteriores soluciones. Así, si el terrorismo es un enemigo de una
entidad tal, quizás debamos plantear nuevos estándares de derecho
internacional para proteger a la Comunidad y no subvertir los
principios de la Carta tornándolos ilegítimos.
2) EL ORDEN INTERNACIONAL Y EL USO DE LA FUERZA.
Determinar si la carta de las Naciones Unidas, al referirse a la
“Fuerza” en El artículo 2.4, regula solo el uso de la fuerza armada o
si comprende también otras manifestaciones de fuerza, todavía es un
punto objeto de interpretaciones contradictorias, ya que el termino
fuerza parecería ser una noción mas amplia que la de fuerza armada.
La guerra, las hostilidades, son categorías de conflictos entre los
estados en los cuales la fuerza se aplica en sus múltiples formas y en
la más amplia escala.
Sin embargo, la guerra y las hostilidades no son los únicos casos en
los que se recurre a la fuerza en las relaciones internacionales. No
obstante, los primeros tratados que contenían prohibiciones relevantes
respecto del uso de la fuerza por parte de los estados (como el Pacto
de la Liga de las Naciones de 1919 o el pacto BriandKellog de 1928)
se referían exclusivamente a la guerra. Esto puede explicarse por el
hecho de que en esa época la practica de los estados daba generalmente
nombre y forma de guerra a sus conflictos armados. Pero antes de la
firma de estos documentos, los estados también se comprometían en
peleas, aunque sin llegar a verse envueltos automáticamente en una
situaciones de guerra. El uso de la fuerza sin constituir por sí una
guerra comenzó a desempeñar un papel de particular importancia una vez
que los estados aceptaron el principio de que las guerras de agresión
estaban prohibidas. Y ello porque los estados estaban dispuestos a
renunciar formalmente a la guerra “como instrumento de política
nacional en sus relaciones mutuas". De allí que se haya cambiado el
enfoque en los recientes documentos internacionales, y especialmente
en la Carta de Naciones Unidas, al referirse a la prohibición de la
amenaza o del uso de la fuerza, en lugar de hacerlo a la prohibición
de la “guerra”.
Este concepto comprende, como es obvio, a la guerra, pero también
abarca otros tipos de lucha.
3) EL USO DE LA FUERZA EN LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS (19452001)
La Carta de las Naciones Unidas, se refiere al uso de la fuerza por
parte de los Estados en varias de sus disposiciones. La norma básica
se encuentra contenida en el artículo 2.4 que establece que: “Los
miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se
abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la
integridad territorial o independencia política de cualquier Estado, o
en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las
Naciones Unidas”.
Lo llamativo de esta reglamentación, como dijimos, es la referencia a
la “amenaza del uso de la fuerza” en lugar de referirse la “guerra” o
“recurso a la guerra”.
De esta manera, la carta evitó las dificultades técnicas que habían
surgido en los documentos anteriores en relación con el significado
del término “guerra”. La carta también comprende, sin duda alguna, el
uso de la fuerza armada aunque no llegue a ser específicamente una
guerra.
Puede sostenerse entonces que el articulo 2°.4 es una norma
universalmente obligatoria, no solo ya con respecto a los miembros de
la organización: el principio establecido en dicho artículo se ha
convertido en una norma consuetudinaria del derecho internacional.
La cuestión fundamental que surge constantemente en la práctica de los
estados, y que es estudiada profundamente por la doctrina, es la de
determinar si el artículo 2°.4 implica una verdadera prohibición
general de tomar cualquier iniciativa en el uso de la fuerza. La carta
no se refiere a cualquier uso de la fuerza, sino específicamente a
aquel “ contra la integridad territorial o la independencia política
de cualquier estado, o cualquier otra forma incompatible con los
propósitos de las Naciones unidas”. En otras palabras ¿ pueden los
estados recurrir a la fuerza si no la dirigen contra la integridad
territorial o la independencia política de otro estado, sin violar de
ninguna manera los objetivos de las Naciones Unidas? La respuesta, a
nuestro parecer, es negativa. La prohibición del articulo 2°.4, sin
embargo, debe intepretarse como totalmente comprensiva y general. Y
ello porque las modificaciones surgidas en el derecho internacional
después de 1919, estaban expresamente destinadas a eliminar de la vida
internacional la guerra y otras manifestaciones de fuerza. Sería
contrario al desarrollo progresivo del derecho internacional
interpretar que la Carta autoriza el empleo de la fuerza en
situaciones en las que ella misma no las haya exceptuado del principio
enunciado en el art. 2°.4, en forma inequívoca.
También debemos mencionar que el preámbulo de la carta, en el cual las
partes se comprometen a “asegurar…que no se usara la fuerza armada
sino en servicio del interés común”, y se establece la obligación de
los miembros de solucionar sus disputas internacionales en forma
pacífica (art. 2°.3).
Del mismo modo, el principio de efectividad requiere la interpretación
del artículo 2°.4 en el sentido de que el mismo prohibe toda amenaza o
uso de fuerza, a menos que la Carta, en otras de sus disposiciones,
así lo permita expresamente.
Las excepciones al articulo 2°.4 se encuentran establecidas en los
artículos referentes al empleo de la fuerza por la Organización misma
(arts. 24, 3950 y 106); por parte de los organismos regionales, según
acuerdos regionales (art. 53); y por parte de los estados individuales
que actúen, ya sea en defensa propia (art. 51). Sin embargo, aun en
las excepcionales ocasiones en las que la Carta no prohibe a los
estados individuales la posibilidad de recurrir a la fuerza, ello
permanece sujeto al control de las Naciones Unidas. Por lo tanto,
según el derecho internacional contemporáneo, los estados no pueden
aplicar medidas, aún si las reclamaciónes formuladas, los intereses
protegidos o los fines perseguidos fueran totalmente legales.
4) EVOLUCION EN EL DERECHO INTERNACIONAL. (doctrina)
¿QUE CONSTITUYE USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS ESTADOS?.
Existe uso de la fuerza armada por parte de un estado cuando este
actúa contra otro por medio de fuerzas militares bajo su comando. La
acción de un estado contra otro consiste entonces en medidas violentas
dirigidas contra el territorio del otro estado, incluyendo cualquier
objeto ubicado en él, especialmente por medio del empleo de armas o a
través de la entrada en el territorio sin autorización del estado
soberano.
También un estado actúa en contra de otro cuando ataca las tropas del
otro estado, de sus barcos o sus aeronaves ya sea en territorio
extranjero, en altamar o en el espacio aéreo correspondiente donde
pudieren hallarse en virtud de ocupación legal o por el consentimiento
del soberano.
Esto significa que un estado hace uso de la fuerza no solamente cuando
despliega sus fuerzas terrestres, navales, aéreas o de policía y
seguridad, sino que también esta empleando la fuerza cuando actúa a
través de un alzamiento civil masivo para oponerse a la invasión del
país por parte del enemigo, o cuando organiza guerrillas o unidades de
resistencia en territorio ocupado por el enemigo. A veces, este tipo
de hechos son difíciles de comprobar. Sin embargo, una vez determinada
la incidencia directa de gobiernos en aventuras armadas fuera de su
territorio, ello constituye uso de fuerza y se rige por las mismas
leyes aplicables al caso de francas hostilidades contra otro Estado.
4.a) DISTINTAS FORMAS Y EXTENCION DEL USO DE LA FUERZA.
El uso de la fuerza por parte de los estados en sus relaciones mutuas
adopta diversas formas. En circunstancias diferentes y entre partes
distintos, la fuerza se aplica en grados variables y a través de
medios diferentes.
Tradicionalmente, los medios compulsivos de solución de conflictos,
aparte de la guerra, eran la retorsión, las represalias, el bloqueo
pacifico y distintas clases de intervención.
Pero la guerra, y los otros medios compulsivos que no llegan a serlo,
no han sido las únicas formas en que los estados emplearon o emplean
la fuerza. Muchos estados recurren frecuentemente al uso de la fuerza
invocando justificaciones tales como la autoconservación, autoayuda,
necesidad o la legitima defensa.
En estos casos el uso de la fuerza no podría colocarse en la misma
categoría que las represalias, el bloqueo pacifico o la intervención;
ni conduciría inevitablemente a la guerra.
También hay casos en donde un estado usa de la fuerza contra otro, en
grado limitado o con un propósito determinado, en altamar o en el
espacio aéreo de este. Ello puede no ser un intento de solucionar
compasivamente un conflicto o controversia, ni una acción de
autoconservación o de necesidad y, menos aún, un acto de guerra; pero
es siempre un caso de uso de la fuerza.
Así como la forma y intensidad de la fuerza usada por los estados
varía y se clasifica de distinta manera en el derecho, los fines
perseguidos por los estados cuando concurren a la fuerza pueden
dividirse en aquellos que tienen como objeto que un estado se someta a
los terminos de solución de controversias que esboza aquel estado que
emplea la fuerza y aquellos que no guardan relación directa con un
determinado conflicto entre ambos estados pero sirven a los intereses
generales de aquellos que emplean la fuerza.
Dentro de la primera categoría se encuentran la retorción, las
represalias, el bloqueo pacifico y la intervención. En la segunda
categoría quedan incluidos los restantes modos de uso de la fuerza. La
guerra, tal como lo enseña la experiencia histórica, puede quedar
comprendida en ambas categorías, puesto que puede desempeñar papeles
diferentes.
El derecho actual permite determinar la legalidad de cualquier recurso
a la fuerza, y distinguir así, entre categorías legales e ilegales del
uso de la fuerza.
A continuación caracterizaremos algunas de ellas.
1.
Retorción: es la retaliación de un estado, por medio de actos
perjudiciales, aunque legales, dirigidos contra otro estado por
haber realizado actos de igual o similar naturaleza contra aquel.
La esencia de la retorción, contrariamente a las represalias,
radica en que los actos de ambos estados ( ofensor y ofendido)
permanecen dentro de los limites del derecho.
2.
Las represalias: son los actos de un estado realizados contra otro
para obligarlo a convenir en el arreglo de una controversia,
derivada de un delito internacional de este ultimo. Las
represalias, contrariamente a la retorción, son medidas que,
consideradas en forma aislada, serían consideradas ilegales, pero
que excepcionalmente pueden llevarse adelante con el solo
propósito de obligar al delincuente a acatar la ley, en caso en
que un estado viole los derechos del otro. La prohibición del uso
de la fuerza contenida por el art. 2°.4 de la carta de Naciones
Unidas, restringió el derecho de los estados de recurrir a las
represalias armadas. Actualmente, se admiten las represalias
siempre y cuando las mismas no impliquen el uso de la fuerza.
3.
Autoconservación, autoayuda o necesidad.
La autoconservación, autoayuda y la necesidad se han alegado
frecuentemente como justificativas del uso de la fuerza por parte de
un estado contra otro. La practica de los estados no proporciona una
clara diferencia entre estas tres categorías, ya que las mismas han
sido usadas indistintamente en el lenguaje diplomático y no se han
realizado esfuerzos para distinguir un termino del otro.
En terminos generales, los estados han recurrido a la fuerza,
utilizando estas medidas, para defender lo que parecían sus mas
vitales e importantes intereses, alegando que los mismo estaban
protegidos por el derecho, aunque en algunos casos fuera obvia la
violación del derecho por la acción tomada en la autoconservación
alegada.
Cuál es entonces el lugar de los argumentos de autoconservación,
autoayuda y necesidad en el derecho contemporáneo?. La respuesta
parecería ser que la Carta de las Naciones Unidas ha eliminado la
admisibilidad de las medidas basadas en las justificaciones antes
mencionadas, según la interpretación del estado interesado.
Los estados que persiguen la protección de sus intereses o derechos
tienen el deber de someterse a procedimientos de solución pacifica.
Estos procedimientos, sin duda, pueden resultar demasiado largos,
inefectivos e inconclusos, y los intereses del estado pueden
resentirse antes de que reciba satisfacción alguna. Pero siempre es de
interés primordial para la comunidad internacional que la fuerza no
sea usada unilateralmente cuando los estados invocan razones tan
generales para justificar acciones armadas como la propia
conservación. Actualmente la comunidad internacional esta comenzando a
ofrecer la posibilidad de acciones colectivas por la cual los derechos
de los estados pueden ser afirmados o reivindicados y a través de las
cuales son mínimas las posibilidades de abuso que podrían, de otro
modo, originarse mediante acciones individuales. La experiencia
demuestra que el uso individual de la fuerza por parte de los estados
en contadísimas ocasiones produce los efectos deseados.
Si bien los razonamientos aquí expuestos ya no son suficientes para
justificar la legalidad del recurso de la fuerza, los estados si
tienen derecho al uso de ella en determinadas circunstancias.
4. La legitima defensa.
Como excepciones a la prohibición del uso de la fuerza prevista en la
Carta de las Naciones Unidas, pueden citarse la legitima defensa
individual, la participación en el sistema de legítima defensa
colectiva, el uso de la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad,
el uso de la fuerza consentido por el estado en cuyo territorio se
ejerce y el uso de la fuerza en razón de consideraciones humanitarias.
Tanto la legítima defensa individual como la colectiva están
contempladas en forma expresa por el Art. 51 de la Carta.
Atento a lo allí dispuesto, queda claro que para que un estado pueda
invocar la legitima defensa como fundamento para el uso de la fuerza
deben cumplirse los preceptos establecidos en dicho articulo, es
decir: ser objeto de un ataque armado, y ejercer la fuerza sólo en
forma provisional y hasta que el Consejo de Seguridad adopte las
medidas correspondientes.
La definición de “ataque armado” fue un punto sumamente controversial
en la doctrina, pero puede citarse en su caso la resolución 3314 de la
Asamblea General (14 de diciembre de 1974) que sostiene que hay
agresión cuando existe uso de la fuerza armada por un estado contra la
soberanía, la integridad territorial o la independencia política de
otro estado o en cualquier forma incompatible con la carta. Y si bien
refiere que deberán tratarse de agresiones realizadas por un estado,
en el articulo 3g de la resolución se definen las “agresiones
indirectas” que son aquellas realizadas “ través de bandas armadas,
grupos irregulares o mercenarios”
La segunda parte del articulo 5º se refiere, podríamos decir, a un
limite de carácter mas bien temporal, ya que establece la obligación
de los estados de comunicar al Consejo de Seguridad en caso de adoptar
medidas de fuerza con fundamento en la legitima defensa.
Pero también en referencia a este articulo, es importante señalar que
existe un fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 1986 que
establece que la legitima defensa individual no se agota en el Art.
51, ya que se trata de un derecho inmanente de los estados y
perteneciente al derecho internacional consuetudinario, y que el
derecho consuetudinario no se resume ni se agota totalmente en la
Carta, que solo regula algunos de sus aspectos.
LEGITIMA DEFENSA PREVENTIVA
Doctrinariamente existen posturas que admiten la amenaza del uso de la
fuerza como requisito suficiente a los fines de llevar adelante un
ataque armado para prevenir y/o evitar el ataque latente. Estas
posturas se basan más que nada en el derecho consuetudinario
preexistente y tienen en cuenta especialmente a los modernos sistemas
de armamento, cuya potencia letal haría que resultara inconcebible
aguardar un ataque de tal magnitud como requisito previo para que un
Estado pudiera actuar.
Un ejemplo de este tipo de defensa preventiva podría decirse que fue
el bombardeo al reactor nuclear de Osirak en 1981 por parte de Israel
con el fundamento de que dicho reactor le permitiría a Irak la
construcción de armas y bombas atómicas que serían luego utilizadas en
contra de Israel. Cabe aquí señalar que el consejo de Seguridad en su
resolución 487 del mismo año “condeno enérgicamente el ataque militar
de Israel, que viola claramente la Carta de las Naciones Unidas y las
normas de comportamiento internacional”)
Paul Kennedey justamente utiliza este ejemplo del bombardeo a Osirak
para preguntarse si realmente ese tipo de ataques constituyen lo que
dicen ser, y si pueden justificarse. Su respuesta es que no en ese
caso, aunque cita otro ejemplo en donde entiende que si podría
justificarse el ataque preventivo y se refiere entonces a los ataques
preventivos llevados adelante por parte de Israel contra sus vecinos
árabes en 1967, donde sostiene el autor que estaba claro que estos se
estaban formando para atacar, constituyendo una amenaza inminente.
En contra de esta posición están quienes sostienen que una
interpretación amplia de la legitima defensa iría a todas luces en
contra a la restricción al uso de la fuerza impuesta por la Carta, y
permitiría la legitimación de prácticamente cualquier tipo de agresión
. Por ello, muchos estados y amplia doctrina se inclinan por la
imposibilidad de invocar la legitimidad de una defensa preventiva,
tanto en los casos en que la misma se basa en la Carta como cuando se
basa en el derecho internacional preexistente.
Sin embargo, quienes mantienen posturas mas moderadas entienden que
podría haber casos donde fuera viable la legitima defensa preventiva,
pero que para ser así deberían cumplirse todos los requisitos
impuestos por el derecho consuetudinario. Y esos requisitos son la
necesidad, proporcionalidad, inmediatez, provisionalidad y
subsidiariedad.
Daniel Webster y Lord Ashburton , ya en 1837, expresaron que los
requisitos para admitir la legítima defensa serian “la existencia de
una amenaza instantánea, abrumadora, que no dejara otra chance de
medios y ningún momento para la deliberación”
De no ser así, quedaría la puerta abierta para que los estados
pudieran llevar adelante agresiones siempre protegidos dentro de tal
marco.
Por tanto, la legitima defensa preventiva debería considerarse de
carácter excepcional y, como establece la Carta, siempre transitoria.
Habiendo quedado así definidos lo puntos mas relevantes en lo que
respecta al desarrollo y evolución del derecho internacional y la
doctrina con relación al uso de la fuerza, surge el interrogante
respecto a la aplicación de estos conceptos ante la nueva situación
internacional, las denominadas nuevas amenazas.
A continuación, intentaremos analizar y esbozar algunas respuestas
sobre este punto, atento a que, hasta ahora, el análisis siempre se
realizó teniendo como base las relaciones entre Estados Nacionales.
6) LA LEGITIMA DEFENSA FRENTE AL TERRORISMO INTERNACIONAL
6.1) GLOBALIZACION Y TERROR
La sociedad contemporánea está amenazada por una enfermedad psíquica
(terrere en griego: terror) que es tanto más peligrosa cuanto que no
está siendo diagnosticada ni conocida en la medida de proliferación en
que realmente se da, hasta el punto de conducir a la formación de
grupos que encarnan un peligro para la sociedad. Este es el espacio
social sobre el que se desarrollará el mercado de la nueva agresión
privada del terror, cabalgando sobre la globalización y feudalizando a
los estados débiles.
Sea global o individualmente los índices de violencia física o
psíquica (mediante el uso de los medios de comunicación) comienzan a
ser una amenaza a la sociedad contemporánea de la que ninguno está a
salvo.
El terror es un fenómeno esencialmente urbano. Las megalópolis de todo
el mundo registran una síntesis entre terrorismo, narcotráfico, crimen
organizado y movimientos sociales con alto nivel de accionar y
violencia de todo tipo que, en términos generales, ponen de manifiesto
la debilidad de los poderes del Estado frente a la criminalidad y la
marginalidad.
Esas megalópolis aglomeraciones que acogen a varios millones de
personas reúnen al 60% de la población mundial. El “género humano”
está a punto de convertirse en un “género urbano”, creciendo
desmesuradamente, donde imperará la violencia. Desde lo local, la
sociedad desmesurada, las megalópolis, son un ámbito de potenciación
de los conflictos de la Aldea Global. El Estado, por su parte, queda
cruzado por ambas fuerzas, como un actor impotente, observador de las
tendencias hacia la polarización y segmentación de la estructura
social, que generan la “ciudad dual”.
Esta se manifiesta por la coexistencia espacial de un gran sector
profesional y ejecutivo de clase media alta, con una creciente
subclase urbana, ejemplificada en el desarrollo contradictorio entre
la nueva economía informacional y la economía informal basada en la
fuerza de trabajo descalificada. Este contraste entre opulencia y
pobreza en un espacio común se expresa en la conflictiva apropiación
de la ciudad central, por grupos sociales que comparten el mismo
espacio, mientras que son mundos aparte en estilos de vida y posición
estructural en la sociedad.
Lo que diferenciará a los dos sectores será la intermediación del
Estado. El principio de legitimidad del nuevo Estado se ha traslado de
su papel redistributivo a su función de creación de poder.
Sin embargo, asistimos a la “degradación” del Estado Nación, donde
el poder se le escapa en tres direcciones: hacia las comunidades
locales (provincias y municipios); hacia las empresas privadas y hacia
los organismos internacionales (Banco Mundial, FMI). Este Estado
impotente para ejercer el monopolio de la fuerza, garantizar
seguridad, impartir justicia o cobrar impuestos, pasa a ser impugnado
por todos los sectores sociales que, en la puja redistributiva vuelven
a la guerra primitiva, traducida en nuevas amenazas, anunciadoras de
nuevas violencias.
¿ QUE ES EL TERRORISMO?
En esencia un instrumento para influir sobre el poder o conquistarlo.
Podría decirse que el terrorismo es la continuación de la guerra por
otros medios.
El fin de la guerra fría significó la clausura del enfrentamiento
entre dos sistemas. El conflicto EsteOeste congeló, durante 50 años,
y en algunos casos “ideologizó”, las fuerzas inherentes a las
sociedades como son la cultura, los nacionalismos y la actividad de
las organizaciones criminales, entre otras. Al fin de esos 50 años,
durante los cuales los Estados Nación estuvieron sujetos a la lógica
bipolar, estos se vieron descolocados frente al desarrollo de un nuevo
proceso de transformación. Esta fuerza innovadora que recorre el mundo
en tiempo real teje una verdadera Red Mundial (la Net) que
desterritorializa las naciones. Así habrá que ubicar la era del Estado
Nación, desde la “nacionalización” de la Revolución Francesa hasta
la caída del muro de Berlín.
En este mundo postGuerra Fría de 108 conflictos armados, 92 han sido
conflictos intraestatales protagonizados por nuevos actores y por
nuevas ideologías de carácter étnico, religioso, cultural y nuevas
formas de criminalidad.
La estrategia del terrorismo consiste en generar temor de forma
sistemática, o como afirma Calvert “el terrorismo es una creencia en
el valor del terror”. Genera en las personas la aprensión de ser
víctimas de un ataque brutal; fortuito, sin causa ni razón aparente, a
manos de un extraño. El efecto es la alteración de las premisas sobre
las que se funda un determinado orden político y social, básicamente
las de convivencia y seguridad. Desde este punto de vista se califica
al terrorismo como “una forma de guerra psicológica” que instala en
cada individuo el temor de ser la próxima víctima.
¿En qué consiste realmente el terrorismo? Luego de lo señalado
podríamos conceptualizarlo como: “actos de violencia cometidos contra
personas inocentes o no combatientes, con la intención de obtener
fines políticos, a través del terror y la intimidación”. Cuando estos
actos de violencia involucran bienes o ciudadanos de mas de un Estado,
hablamos de terrorismo internacional o global.
La idea de los “fines políticos” es clave para comprender al
terrorismo. Los mismos pueden fluctuar entre un intento por modificar
una determinada situación política (terrorismo subrevolucionario) y la
búsqueda de un cambio radical en el orden político existente (terrorismo
revolucionario).
La estrategia terrorista reúne cuatro características principales:
*
es impredecible y carece de toda regulación
*
es desproporcionada entre el objetivo buscado y los medios
utilizados
*
es indiscriminada, sus efectos se extienden a toda la población
*
produce un sufrimiento innecesario.
Hoy la amenaza que representa la estrategia del terrorismo se ha
incrementado a partir de un factor crucial: el avance de la tecnología.
Este ha permitido la generalización del empleo de explosivos, con las
cuales el terrorista expone su vida en menor grado que antaño y ha
incrementado su capacidad de daño con el uso de armas letales.
Los modernos medios de transporte masivos, como los aviones, proveen
tanto nuevos blancos para las acciones terroristas, como mejores vías
de fuga para sus ejecutores; también el salto en el campo de las
comunicaciones ofrece a estas organizaciones una mejor operatividad.
Sin embargo, esta “modernización” del terrorismo no se ha traducido en
forma directamente proporcional en su “encarecimiento”. Por el
contrario, su costo sigue siendo sorprendentemente bajo, tanto en
términos absolutos como relativos, en comparación con otras opciones.
En términos absolutos, basta decir que la bomba con la cual se atentó
en 1993 contra las Torres Gemelas tuvo un costo de fabricación de U$S
400, generando pérdidas y daños estimados en U$S 550 millones.
Como características particulares del terrorismo pueden señalarse:
*
los métodos utilizados
*
la ideología sustentada
*
la finalidad perseguida
*
el carácter nacional o internacional
*
su condición de terrorismo revolucionario o de Estado
*
el ser auspiciado por un Estado sponsor o ser privatizado
6.2) ESPECIFICIDAD DEL TERRORISMO
A partir de los “fines políticos” el terrorismo se diferencia de otros
fenómenos que pueden contemplar el empleo de la violencia pero
persiguen objetivos de naturaleza distinta, como el crimen organizado,
cuyo fin último es el lucro. Pero esa idea no es suficiente para
discriminar entre terrorismo y guerrilla.
¿Es lo mismo terrorismo que guerrilla? En absoluto, sólo que las
diferencias no son de fines, sino de ambiente, estructura y estrategia.
*
El ambiente del terrorismo es generalmente urbano, a diferencia de
la guerrilla que es predominantemente rural.
*
La actividad terrorista puede ser realizada por un número reducido
de personas, y aún por un sólo individuo, mientras que la
guerrilla adolece de esa capacidad necesitando un cierto grado de
estructura para operar.
*
La estrategia de la guerrilla consiste en crear unidades
combatientes cada vez mayores, con el fin de establecer áreas
geográficas (zonas liberadas) donde ejercer poder; en cambio la
estrategia terrorista es generar temor en forma sistemática a
través de diferentes medios.
Entre esos medios se destacan los atentados con explosivos e
incendiarios, ataques armados y asesinatos. En conjunto, estas
metodologías involucran más del 70% de los actos terroristas
acontecidos a nivel global, desde que los mismos se evalúan
sistemáticamente.
Otra de las especificidades del terrorismo es que tradicionalmente ha
sido patrocinado por un Estado sponsor.
Tradicionalmente, el terrorismo fue percibido como una actividad que
involucraba dos actores de diferente naturaleza por un lado, un grupo
de personas u organización; por el otro, un Estado soberano. Sin
embargo, durante el transcurso de las últimas décadas numerosos países
comenzaron a emplear y/o promover la actividad terrorista, en función
de sus propios intereses.
Así, en numerosos casos el terrorismo dejó de ser la herramienta de
grupos minoritarios, para transformarse en una herramienta de los
Estados, incluyendo en el caso de la hoy desaparecida U.R.S.S. los
que ostentaban el status de superpotencias. En estos casos, el Estado
provee a la organización terrorista de diferentes elementos, entre
ellos soporte político, asistencia financiera y el respaldo necesario
para que éstas mantengan o incrementen su capacidad operativa.
Con este contexto es que surge el concepto (que en los últimos tiempos
ha sido relativamente abandonado) de Estado Sponsor del terrorismo.
Esos Estados promueven el terrorismo para lograr fines estratégicos en
circunstancias donde el empleo del poder militar es profundamente
inconveniente ineficaz, excesivamente riesgoso y/o dificultoso. De ahí
la definición de terrorismo sponsoreado por el Estado: “el empleo
deliberado de la violencia, o la amenaza de uso de la violencia, por
parte de Estados soberanos (u organizaciones sustentadas o asistidas
por Estados soberanos) para alcanzar objetivos políticos o
estratégicos, a través de actos violatorios de la ley. Esos actos
violatorios de la ley. Esos actos criminales intentan crear una
sensación desproporcionada de terror, en una población blanco que
excede a las víctimas civiles o militares atacadas o amenazadas”.
Pese a que los intentos de un Estado por minar el orden político o
social de otro no son novedosos, la post Guerra Fría le agrega a esa
opción mayores niveles de peligrosidad y complejidad que en los años
de la contienda bipolar.
La razón básica de este agravamiento, vista desde los Estados
occidentales, se relaciona con que el conflicto Este Oeste limitaba
los alcances del fenómeno terrorista. Por un lado, existía un
interlocutor claro (la URSS) con capacidad para influir en el grado de
operatividad de las organizaciones terroristas, por el apoyo que Moscú
les brindaba a las mismas, tanto en forma directa como a través de
terceros países (Libia, Cuba, Siria) y entidades (vg.la OLP). Por otro
lado, la lógica perversa de la Guerra Fría influía en las
características de las acciones terroristas (y también de las
contraterroristas), condicionándolas en función del efecto que podrían
generar en el enfrentamiento entre superpotencias.
El contraste con la actualidad es claro: la desaparición de un
interlocutor con capacidad de imponer y regular las reglas de juego de
las organizaciones terroristas eliminan formas de influenciar a las
mismas y a los Estados que las sustentan logísticamente.
Pueden agregarse otros dos factores de peligrosidad del terrorismo con
patrocinio estatal. El primero, que los terroristas acceden a
facilidades logísticas y medios financieros que de otra manera
estarían fuera de su alcance; este acceso exime al terrorista de
trasladarse a su lugar de operaciones con documentación falsa y munido
de su equipamiento: poseerá documentación en regla (incluso
diplomática) y sus necesidades serán satisfechas por sus cómplices en
el lugar. El segundo, el riesgo que una escalada del conflicto que
teóricamente sostienen el Estado patrocinante y el Estado agredido
conduzca a acciones militares abiertas.
El concepto de Estado Sponsor es operacionable en categorías más
específicas que atiendan tanto al grado como a la forma de
involucramiento estatal con la actividad terrorista. En este sentido,
podemos discriminar siete niveles de involucramiento, siendo que se
verifica un relación inversamente proporcional entre nivel de
involucramiento y cantidad de Estados involucrados en el terrorismo.
Estos siete niveles, avanzando desde el menor al mayor grado de
involucramiento, son los siguientes:
*
Soporte ideológico: es el plano básico de involucramiento estatal.
Las organizaciones terroristas suelen ser instrumentos útiles para
la propagación de ideologías, doctrinas y postulados; se considera
que esa utilidad se incrementa en forma directamente proporcional
al contenido revolucionario del mensaje. En algunos casos, la
organización terrorista no es anterior al inicio de la actividad
estatal de involucramiento sino, precisamente, producto de la
misma. En este sentido, un Estado puede fomentar la constitución
de una organización terrorista que acepte su padrinazgo y
supervisión ideológica, como condición sine que non para la
obtención de asistencia material.
*
Soporte financiero: usualmente el mismo es provisto por ciertos
Estados a organizaciones terroristas que, para mantener o aumentar
su nivel operativo, requieren recursos económicos que no poseen ni
pueden obtener por sí mismas.
*
Soporte militar: se refiere a que un Estado puede proporcionar a
una organización terrorista de un amplio rango de armamento,
proveerle entrenamiento militar y organizar cursos especiales (por
ejemplo, sobre manejo de explosivos) para activistas.
*
Soporte operacional: hace alusión a la provisión de asistencia
estatal directa a una organización terrorista, a efectos que la
misma cometa cierto atentado específico; este apoyo operacional
puede asumir diferentes formas: dinero en efectivo, documentación
falsa, armamento, y “casas seguras”, entre otras.
*
Soporte al planeamiento y/organización de acciones terroristas: el
Estado no se limita a proveer ayuda de manera indirecta a
organizaciones terroristas, sino que va más allá para proveerles
instrucciones específicas concernientes al blanco y modus operandi
de la acción; pero tanto la decisión de cometer el acto
terrorista, como la elección del blanco, no corresponden al Estado
sino a la organización.
*
Ejecución de ataques terroristas, a través de organizaciones: en
este caso, al contrario que en el anterior, corresponde al Estado
la elección del blanco a ser atacado.
*
Realización de acciones terroristas a través de medios propios:
esta opción suele implicar el empleo de las estructuras de
seguridad e inteligencia del Estado.
*
El terrorismo informático
*
El terrorismo de destrucción masiva
*
La privatización del terrorismo internacional
El terrorismo informático
La Guerra Informática (IW) también es empleada en organizaciones que
emplean la violencia a partir de considerandos de naturaleza política,
como grupos terroristas y otras formas de insurgencia. Hablamos
entonces de “terrorismo informático”, subfenómeno que puede ser
concebido tanto de una manera “estrecha” como de una forma “amplia”.
Una concepción estrecha sería aquella que define al terrorismo
informático (que llama cyberterrorismo) como “operaciones de hackeo
políticamente motivadas que intentan causar graves daños, como la
pérdida de vidas o daños económicos de consideración”.
Una definición “estrecha” del terrorismo informático, entonces, define
su campo de análisis a partir de presuponer la generación de un daño.
Mas allá de esta limitación, una concepción “amplia” de este
subfenómeno lo define como una herramienta o táctica de una estrategia
terrorista más amplia, independientemente de su generación de daño.
Esta segunda opción, que compartimos, es reflejada en la definición de
terrorismo informático “el abuso intencional de un sistema de
información, red o componente (de los mismos) en orden a un objetivo
que respalda o facilita una acción o campaña terrorista”.
En muchos casos, el terrorismo informático adopta formas similares a
la IW llevada a cabo por el crimen organizado: las comunicaciones, la
recolección de información y el movimiento de fondos, entre otras. Ya
en 1996 se había constatado que Osama bin Laden, había equipado sus
bases en Afghanistán con modernos equipos de computación, operados por
especialistas egipcios de su organización, para comunicarse con sus
seguidores a nivel global. Por la misma época circularon indicios
similares en relación al grupo palestino HAMAS.
Sin embargo, algunas manifestaciones de IW son (usualmente) privativas
de las organizaciones insurgentes, sin que sean compartidas por el
crimen organizado. Un claro ejemplo son las actividades de propaganda,
por lo general a través de la generación de “sitios” en Internet y del
empleo del correo electrónico. Un caso paradigmático fue el empleo
intensivo de Internet por parte del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), el movimiento insurgente surgido en el meridional
estado mexicano de Chiapas en los años 90: el éxito conseguido fue
tal, que la comunidad on line de adherentes al zapatismo fue incluída
entre las 25 comunidades virtuales más importantes del mundo por la
revista especializada Wired.
A mediados de 1998, 12 de las 30 organizaciones calificadas como
terroristas por el Departamento de Estado norteamericano contaban con
uno o más sitios en Internet para publicitarse, mantener informados a
sus seguidores y captar nuevos adherentes; un año después, el 100% de
las organizaciones lo tenían. Los sitios de las organizaciones
terroristas en Internet, además de informar a sus seguidores, los
movilizan: las innumerables manifestaciones públicas que generaron las
comunidades kurdas de todo el mundo, apenas unas horas después de
producida la detención de Abdullah Ocalan (líder de PKK) en 1999, fue
atribuída a la capacidad de movilización de los sitios propios o
aliados al grupo. Incluso, las manifestaciones de apoyo no sólo son
“físicas”, sino también “virtuales”. En el caso del EZLN, sus
comunidades virtuales se organizaron para hackear el 9 de septiembre
de 1998 los sitios del mandatario mexicano Ernesto Zedillo, de la Casa
Blanca, del Comando Sur, del Departamento de Defensa de EE.UU., de la
Escuela de las Américas e incluso de la bolsa de valores de Frankfurt
(Alemania), por ser un símbolo de la globalización. El hackeo, por
cierto, fue exitoso.
Es indudable que, en la medida en que las organizaciones terroristas
utilizan Internet para comunicarse con sus adherentes, organizándolos
en comunidades virtuales a las cuales se les difunde información y
asigna consignas, la misma estructura de la organización cambia. Las
nuevas estructuras terroristas, que no solo reflejan la dinámica
tangible de los grupos sino sus interacciones virtuales, han sido
definidas como una “ red segmentada, policéntrica e ideológicamente
integrada” (“red SPIN”, por su abreviatura en inglés).
Otras manifestaciones de IW que normalmente son privativas de las
organizaciones insurgentes, son los atentados basados en el ejercicio
de la violencia física (por ejemplo una bomba, o el asesinato de un
recurso humano especializado), o en el empleo de las TI (por ejemplo,
introducción de virus o programas “troyanos”) contra la
infraestructura de información del enemigo, que usualmente es un
Estado.
En este sentido, se considera que el primer ataque terrorista
utilizado las TI tuvo lugar en 1998, cuando la organización Tigres de
la Liberación de Tamil Eelam interrumpió las comunicaciones por
Internet de las embajadas de Sri Lanka en el exterior. Por la misma
época el especialista en terrorismo informático Clark Staten anunció
que organizaciones terroristas islámicas estaban intentando montar una
red de hackers para ejecutar actos ofensivos contra sus enemigos; este
rumor se fortaleció cuando se descubrió a un militante del grupo hindú
Harkat alAnsar intentando adquirir sofware para hackers en Detroit
(EE.UU).
El Terrorismo de destrucción masiva
Un segundo patrón de cambio que se registra hoy en el terrorismo
internacional, consiste en la fusión de esta amenaza transnacional con
el empleo de armas de destrucción masiva, entendiendo a éstas como:
“armas nucleares, biológicas o químicas, lanzables tanto por medios
tradicionales ( artillería, aviación o misiles) como en forma
encubierta”.
Este tema se actualizó sobre todo a partir de los hechos que tuvieron
como protagonista al culto Aun Shinrikyo (“Verdad Suprema”), liderado
por Shoko Asahara, el 20 de marzo de 1995 en Tokio : en sólo cuatro
minutos (de 8:09 a 8:13), adherentes del grupo liberaron en los
subterráneos que se dirigían a la estación Kasumigaseki pequeñas
cantidades del gas nervioso Sarín, un arma química que al ser liberada
causó 12 víctimas fatales y otros 5500 afectados, algunos con lesiones
permanentes.
Cuando se contempla la utilización de armas de destrucción masiva por
parte del terrorismo, cobran especial relevancia las armas químicas y
biológicas, que en relación a las nucleares presentan menores
requerimientos en materia de componentes, especialización de personal
y sofisticación de las instalaciones. La excepción de ese análisis es
el empleo de material nuclear por parte de grupos no estatales en la
opción denominada “dispersión radiológica” o “bomba sucia” una
explosión convencional dirigida a dispersar un material radioactivo en
un área, contaminándola y generando inseguridad y temor en sus
habitantes. Esta opción está facilitada por la proliferación de basura
radiactiva e isótopos, consecuencia inevitable de su uso cotidiano
(ej.medicina nuclear).
El problema de las armas químicas y biológicas se agrava por el
aumento cuantitativo de individuos con conocimientos de bioquímica y
biotecnología, a nivel global ; la cantidad de personas que acceden
anualmente a técnicas que pueden emplearse en el desarrollo de armas
se mide en términos de decenas de miles.
Terrorismo Químico/Biológico
Los especialistas están concentrando su atención en las armas
biológicas, por razones de seguridad, volumen y alcance.
La seguridad se relaciona con que, al contrario que en el caso de las
armas químicas, los efectos de las armas biológicas no son inmediatos,
lo que facilita su manipulación por organizaciones criminales, que
pueden abandonar el área de un atentado horas, e incluso días, antes
de la manifestación de agresión (que se registra al término de un
período de incubación). El volumen alude a que las armas biológicas
demandan escalas de producción menores a las armas químicas. Y
respecto al alcance, el radio de acción standard de las armas químicas
es de 1km, mientras las biológicas llegan a cientos de kilómetros, en
condiciones meteorológicas favorables.
Frente a estas ventajas de las armas biológicas sobre las armas
químicas, también existen desventajas de las primeras con respecto a
las segundas. Una de ellas es la inestabilidad de ciertas armas
biológicas, ya que al estar compuestas por organismos vivos, son
sensibles a factores tales como la luz, la temperatura o la polución
ambiental, que pueden reducir notablemente su efectividad. La
virulencia de algunos organismos patógenos, expuestos a condiciones
atmosféricas, pueden decaer a una tasa del 10% al 30% por minuto.
También es de destacar que no todos los organismos patógenos son
contagiosos entre humanos, por lo cual suelen necesitarse mecanismos
de diseminación masiva que requieren conocimientos y equipo
especializado. Un ejemplo es la diseminación a través de aerosoles,
que requiere partículas de 1 a 5 micrones : partículas mayores son
filtradas por el aparato respiratorio, mientras partículas menores no
son retenidas por los pulmones y son devueltas al exterior.
Además, mientras las víctimas de un arma química deben ser atendidas
en un lapso de minutos u horas, las víctimas de un arma biológica
pueden ser tratadas en un período que puede llegar a durar días; como
ejemplo el cólera es mortal en un 50% sin tratamiento médico, pero esa
tasa desciende al 1% si se trata al paciente dentro del período de
incubación, que oscila de 1 a 3 días.
A pesar de las desventajas de las armas biológicas, las mismas parecen
imponerse a las armas químicas dentro de las preferencias de los
terroristas y/o criminales. Particularmente en su variedad
bacteriológica, porque las bacterias son más resistentes a los
antibióticos que los virus; son más fáciles de cultivar que los virus
; y porque los virus, al contrario que las bacterias, no suelen
sobrevivir fuera de un cuerpo que las “albergue”.
Además, las armas biológicas son, en última instancia, las de mejor
relación costo/beneficio. Un programa de desarrollo de armas nucleares
insume cientos de millones de dólares, mientras uno de armas
biológicas puede articularse en torno a un costo de U$S 400 por kilo
de producción. En términos de efectos, se ha calculado que una
operación a gran escala contra blancos no militares costaría U$S
2000/km2 con cargamento convencional, U$S 800 con armas nucleares, U$S
600 con gas nervioso y U$S 1. con armas biológicas.
De los agentes biológicos analizados en el estudio OMS se desprende
que el anthrax sería el de mayor peligrosidad. Sin embargo, no existe
consenso sobre cuán letal es el mismo, habida cuenta que todos los
cálculos en la materia se han basan en modelos de simulación.
¿El atentado que Aun Shirinkyo perpetró en la capital japonesa fue un
hecho aislado, o es indicativo de una nueva orientación de los grupos
terroristas? las respuestas de los especialistas e investigadores del
tema están divididas, en parte debido a la escasez de casos y de
conocimiento sobre los mismos.
Resumiendo, no hay certeza que en el corto y mediano plazos el
terrorismo químico/biológico sea un evento cotidiano. Posiciones como
las del senador estadounidense Sam Nunn, para quien ese escenario no
plantea la duda “si...”, sino la pregunta “¿cuándo?”, son
indubitablemente extremas. Pero tampoco puede descartarse totalmente
futuras acciones terroristas de este tipo, certeza que está sustentada
en numerosos casos ocurridos antes y después de los hechos de 1995.
6.3) PATRONES DE CAMBIO DE LA ACTIVIDAD TERRORISTA

La “Privatización” del Terrorismo Internacional.
Para comprender este concepto recordemos que la difusión del
terrorismo internacional en los años 90 fue asociado al sponsoreo de
un Estado (Irán y Sudán principalmente) sin cuya colaboración
financiera y logística ciertas organizaciones no podían ampliar su
radio de acción más allá de su contexto regional. Tal habría sido el
caso del Partido de Dios (Hezbollah) libanés o el Movimiento de
Resistencia Islámica HAMAS (Harakat al Muqawanat al Islamiya)
palestino.
Frente a este cuadro de situación, hoy los principales protagonistas
del terrorismo internacional son organizaciones que han logrado
alcance global sin sponsoreo estatal, fijando así su propia agenda sin
terceras influencias. Y el paradigma de este cambio es Usamah bin
Muhammad bin Laden, quien acaparó los titulares de la prensa mundial
el último lustro con la versión occidentalizada de su nombre Osama bin
Laden (en adelante “Osama”).
El paralelismo más cercano que se me ocurre me remite a otro personaje
que pobló las crónicas del terrorismo internacional hace unos años.
Nos referimos a Abul Nidal, que etimológicamente significa “padre de
la lucha”, sobrenombre de Sabri Al Banna (el nombre completo es Sabri
Khalil ´Abd Al Qadir Al Banna). Aunque en Osama cobra importancia la
religión, mientras que en Abul Nidal resalta la ideología (mezcla de
nacionalismo árabe y marxismo), ambos son profundamente
antinorteamericanos. A lo largo de su desempeño como terroristas,
ambos trasladarían sus lugares de residencia en numerosas
oportunidades, incluyendo a Sudán en sus itinerarios. Y tanto a Abul
Nadal como a Osama se les atribuyó la capacidad para efectuar acciones
terroristas a nivel global.
Sin embargo, probablemente no sea ninguna de las semejanzas citadas la
de mayor importancia cualitativa, sino la conducta free rider de sus
protagonistas : no responden a ningún estado en forma permanente, ni
subordinan totalmente su accionar a ninguna instancia decisoria
superior. Desde esta óptica se debe entender que hoy se hable de “bin
Laden Productions Ltd.” ; que se lo califique como un “entrepreneur
privado que pone su moderna empresa al servicio del terrorismo”.
Hoy Osama continúa el status de principal entrepreneur del terrorismo
internacional. Y ya es abiertamente considerado el principal enemigo
de naturaleza no estatal de los EE.UU. Así lo calificó George Tenet,
titular de la Cia, ante el Comité de Inteligencia del Senado de su
país. Hablando de la Seguridad Nacional, dijo Tenet: “Osama bin Laden
y su red global de lugartenientes y asociados continúa siendo la más
inmediata y sería amenaza”.
Y no sólo se lo considera el principal entrepreneur, sino también su
más importante financista, al punto que alguna vez se lo calificó
periodísticamente como el “John Rockefeller del terrorismo”. Es cierto
que buena parte de los activos de Osama que estaban en Arabia Saudita
fueron bloqueados cuando el gobierno de ese país le canceló la
ciudadanía, y que el régimen sudanés no le habría reintegrado más del
10% de lo invertido en la conducción de la autopista KhartoumPort
Sudán (calculado en U$S 250 millones). Pero nadie estima que los
fondos que el terrorista mantiene a su disposición sean menores a U$S
200 millones, aunque algunos elevan ese monto a más del doble.
Mientras tanto, el alcance global de sus acciones parece consolidarse.
Un repaso de los informes elaborados por centros de estudio y
publicaciones especializadas en todo el mundo sugiere que Osama
controlaría a nivel global a no menos de 3 mil combatientes, y que
contaría con presencia estable (contando centros de entrenamiento,
puntos de hospedaje y lugares de combate) en Argelia, Egipto, Yemen,
Arabia Saudita, Afghanistan, Bosnia Herzegovina, Sudán, Albania,
Filipinas, Chechenia, Eritea, Kosovo, Pakistán, Somalía y Tadjikistán.
Más aún, los cuatro acusados por los atentados a las embajadas de
Kenia y Tanzania declararon, durante las audiencias públicas del
juicio que se les siguió en New York (que culminó en mayo de 2001 con
la condena de los mismo), que en el mismo territorio estadounidense
Osama tendría células instaladas en Brooklyn, Orlando, Dallas, Santa
Clara (California), Columbia y Hendon (Virginia).
Los combatientes que controla Osama pertenecen a diferentes
organizaciones que integran el holding nucleado en torno a Al Qaeda,
con las cuales sostiene “alianzas estratégicas”, para retomar la
figura del entrepreneur. Aunque el funcionamiento de este sistema no
ha sido totalmente descubierto, quienes dicen conocerlo aseguran que
cada grupo del holding tiene su propia cadena de comandos, siendo
ellos los que conciben las operaciones que le proponen a Osama ; éste,
a su vez, las aprueba, coordina, lidera y respalda moralmente. Esta
aprobación, de todos modos, no sería unilateral e inconsulta : Al
Qaeda se rige por una shura (consejo consultivo) integrada por líderes
de sus diferentes subgrupos, los que se unen regularmente en
Afghanistan.
En todos los casos, las células terroristas de los grupos que operan
bajo la coordinación y liderazgo de Osama son autónomas y
compartimentadas cada una compuesta por 6 a 12 hombre.
Sus fuentes de abastecimiento de equipo también tiene dimesión
planetaria, incluyendo proveedores de Occidente. Osama adquiere
visores nocturnos, equipamiento de construcción, explosivos, teléfonos
celulares y satelitales en EE.UU., Gran Bretaña, Francia, Alemania,
Dinamarca, Bosnia Herzegovina, Croacia y la República Checa. Además,
tiene numerosas inversiones en diferentes partes del mundo, y en
diversos rubros (inmobiliarias, transporte marítimo, rentas de
aviones, construcción, etc.) no sólo en países islámicos como Sudán,
sino incluso en Estados europeos como Suiza y Luxemburgo.
Nada indica que en el futuro Osama piense reducir el tenor de sus
acciones. En los últimos meses, los periódicos han dado cuenta del
descubrimiento de células y estructuras logísticas que le responden en
EE.UU., España, Italia, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Turquía,
Jordán y Kuwait. Mientras tanto, circulan alertas sobre inminentes
atentados en la india y diversos Estados del Mundo Musulmán.
7) EL RECURSO UNILATERAL A LA FUERZA DESPUES DEL 11 DE SEPTIEMBRE
El 12 de septiembre de 2002, un día despues de los atentados en
Estados Unidos, el Consejo de Seguridad adopto la resolución 1368 en
la cual dichos ataques fueron calificados como una amenaza a la paz y
seguridad internacionales, declarándose dispuesto a adoptar todas las
medidas que fueran necesarias para reestablecerla. Días después (el 28
de septiembre) se dicto la resolución 1373 donde se reafirmaba en
forma expresa el derecho de legitima defensa individual o colectiva
reconocida en la Carta y también la necesidad de luchar con todos los
medios contra la amenaza representada por el terrorismo internacional.
Para algunos, al dictar esta resolución el Consejo excedió sus
facultades, ya que justifico en forma universal y casi absoluta la
aplicación de medidas no ya contra los actos del 11 de septiembre sino
contra cualquier acto de terrorismo internacional de cualquier índole
que pudiera tener lugar en el futuro, sin hacer ningún tipo de
consideración, ni ofrecer definiciones de dichos términos ni
limitaciones temporales de ninguna índole.
Para justificar la adopción de este tipo de medidas, y siendo que en
el derecho internacional los únicos sujetos reconocidos son los
estados, en la resolución citada 1373 el consejo se remitió a una
declaración aprobada en su momento por la Asamblea General (Resolución
2625 del 24 de octubre de 1970) que establecía que todos los estados
debían abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos
de guerra civil o terrorismo en otro estado, o de consentir
actividades organizadas dentro de su territorio encaminadas a la
comisión de dichos actos.
En la actual situación, en donde Afganistán habría violado dicha
declaración, este estado aparecería como el agresor indirecto que
permitiría encuadrar la respuesta armada en la legitima defensa
individual.
Sin embargo, ante el ataque ya claramente consumado, es difícil hablar
de defensa, y tal vez habría que referirse, o bien a represalias, o
bien a acciones de carácter preventivo.
En lo que respecta a las represalias, cabe señalar que las mismas
fueron energicamente condenadas en 1968 por el Consejo de Seguridad
que estableció que las mismas son incompatibles con los propósitos y
principios de la ONU (ello a través de la resolución 188, en
concordancia con la resolución 2625 de la Asamblea General.). Por lo
tanto, este tipo de accionar muchas veces es “camuflado” y justificado
bajo el nombre de acciones preventivas, que podrían, de aquí en mas,
ampararse en la resolución 1373, ya que la misma establece que “los
estados podrán adoptar las medidas necesarias para prevenir actos de
terrorismo” sin entrar en mayores aclaraciones ni restricciones.
8) LA CRISIS DEL MULTILATERALISMO
Ante este nuevo estado de situación, retomando lo anteriormente
planteado y en cuanto a la polémica sobre la “muerte” del art. 2.4 de
la Carta y las advertencias sobre el colapso de la regulación
internacional, se percibe un declive de las restricciones normativas
relativas al recurso unilateral a la fuerza, que hace recordar el
“modelo de Westfalia”. Así, el recurso unilateral a la fuerza por los
Estados en nombre de la lucha contra el terrorismo internacional, es
una de las manifestaciones más significativas de esa tendencia, en
relación a otras pacíficas (incluidos los tratados internacionales).
La práctica internacional muestra abundantes ejemplos de esos recursos
unilaterales a la fuerza (por ej. Contra Libia, Irak, Sudán o
Afganistán) cuya compatibilidad con el DI es más que controvertida.
Incluso en el momento álgido de la Doctrina Reagan esta tendencia tuvo
hasta una plasmación legislativa expresa en el seno de los Estados
Unidos (United State’s National Security Decision Directive 138).
La prohibición general del recurso a la fuerza en Di y en particular
en el art. 2.4 de la Carta, sin embargo no cubre el derecho a adoptar
medidas en ejercicio del derecho a la legítima defensa en caso de
ataque armado (art. 51 de la Carta). Para evaluar entonces la licitud
o ilicitud del recurso unilateral a la fuerza frente a actos y
actividades terroristas, será necesario, por tanto, determinar en
primer lugar si la implicación de un Estado en tales actos y
actividades puede considerarse un ataque armado.
Nuestro interés se centrará en determinar, en primer lugar, si y hasta
qué punto la implicación de un Estado en actos o actividades de
terrorismo internacional es contraria a la prohibición contenida en el
art. 2.4 de la Carta y, en segundo lugar, si es admisible o no una
respuesta de fuerza frente a estos actos, en particular si un Estado
aparece implicado en ellos. Esa admisibilidad podría sostenerse bien
sobre la base de una de las excepciones o límites de la prohibición
previstos en la Carta, o bien en virtud de otra justificación que
legitime esa respuesta; no en vano (o quizás sí) el terrorismo
internacional es percibido como una acción armada y determina los
esfuerzos de algunos Estados, y de ciertos sectores doctrinales, por
procurar una reinterpretación del principio de prohibición del recurso
a la fuerza y de la legítima defensa, en orden a fundamentar y
legitimar una reacción armada unilateral.
El principio enunciado en el art. 2.4 de la Carta se refiere, hoy por
hoy, de acuerdo con la opinión de los Estados y de la doctrina
mayoritaria, a la prohibición de la fuerza armada como una medida
distinta de la presión económica, política o diplomática. Esta
interpretación restrictiva está además avalada por los debates en la
Conferencia de San Francisco y por las Resoluciones 2625 (XXV) y 3314
(XXIX).
Pero la formulación de esta regla plantea diversos interrogantes. Así,
la ambigüedad de la redacción de los pasajes de la Resolución 2625
(XXV) que nos interesan (la expresión “cuando los actos a que se hace
referencia (....) implique el recurrir a la amenaza o al uso de la
fuerza”), interpretando que son las propias acciones (organizar,
institgar, ayudar o participar) u omisiones (consentir actividades
organizadas dentro de su territorio encaminadas a la comisión de actos
de terrorismo) de un estado las que deben significar un recurso a la
fuerza. O bien interpretando que son los actos terroristas en sí los
que tiene que traducirse en dicho recurso a la fuerza, admitiéndose
que los actos terroristas pueden o no implicar tal recurso a la
fuerza. Esta distinción lleva a una interpretación muy diferente de
los efectos jurídicos de una u otra opinión.
En todo caso, para considerar violada la prohibición del recurso a la
fuerza no sería necesario probar un vínculo tan estrecho, o un control
tan efectivo, entre los terroristas y los Estados como para poder
atribuir al Estado los actos terroristas en sí.
En cuanto a la legítima defensa, la Carta la plantea expresamente en
su art. 51, que establece que: “Ninguna disposición de esta Carta
menoscabará en derecho inmanente de la legítima defensa, individual o
colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de naciones
Unidas, hasta tanto el Consejo de Seguridad tome las medidas
necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las
medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima
defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no
afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo
conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la
acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la
paz y la seguridad internacionales”.
Este texto no precisa más acerca del presupuesto que legitima este
recurso unilateral a la fuerza, es decir, el ataque armado, o de las
condiciones sustantivas de su ejercicio, distintas de las condiciones
procesales previstas expresamente (provisionalidad y deber de informar
al Consejo de Seguridad). En cualquier caso, debe afirmarse que el
art. 51 de la Carta no es toda y la única regulación normativa de la
legítima defensa en el derecho internacional de nuestros días, puesto
que la Carta asume y se nutre de los principios de necesidad y
proporcionalidad que el Derecho internacional exigía con anterioridad
como criterios de legitimidad de este recurso (principios contenidos
en la “Doctrina Webster” a raíz del incidente del Caroline (1837).
De este modo, como pusiera de manifiesto la CIJ en 1986, la
coexistencia actual de dos regímenes normativos distintos reguladores
de la legítima defensa en el Derecho Internacional, (convencional uno,
al art. 51 de la Carta, consuetudinario otro) coinciden en su
contenido sustantivo y, si acaso, difieren en aspectos
procedimentales.
En concreto, no puede pretenderse la validez del recurso a la fuerza
en legítima defensa sin observar los principios de necesidad y
proporcionalidad, pero la referencia básica de la necesidad es la
existencia de un ataque armado, que no se recoge en el art. 51ª título
meramente indicativo. La incomprensión o el rechazo de esa
complememtariedad y la indeterminación del concepto de ataque armado
explican, en parte, las distintas posiciones mantenidas por los
Estados y la doctrina respecto de los límites del recurso a la fuerza
en ejercicio de la legítima defensa.
En este sentido, el nudo gordiano de la aplicabilidad o adecuación de
la legítima defensa como respuesta al terrorismo internacional radica
en si (y en qué medida), los actos y actividades terroristas, o más
precisamente la implicación de un Estado en esos actos, puede
considerarse ataque armado. Es preciso por tanto determinar en qué
consiste un ataque armado, para comprobar que difícilmente el concepto
de ataque armado incluye o puede incluir la implicación de un Estado
en esta clase de actos contra otro Estado; de aquí concluiremos que la
legítima defensa no es, en principio, un derecho de los Estados para
la lucha contra el terrorismo internacional.
La simple lectura de la Carta revela que la deteminación de la
existencia de un acto de agresión se predica en el marco de las
competencias del Consejo de Seguridad, mientras que la existencia de
un ataque armado es presupuesto del derecho inmanente a la legítima
defensa, individual o colectiva, regulado en el art. 51 de la Carta,
si bien la legítima defensa no se disocia de las competencias del
Consejo de Seguridad y ese art. 51 se ubica dentro del Cap. VII de la
Carta.
Para aportar certeza, la Asamblea general señaló una definición de la
agresión y recomendó que se tenga en cuenta como orientación para
determinar, de conformidad con la Carta, la existencia de un acto de
agresión (en el Anexo de la Resolución 3314 (XXIX) de 1974). La
Asamblea general se muestra convencida de que una definición de
agresión permitiría proteger los derechos e intereses legítimos de la
víctima y prestarle ayuda. Entre esos intereses está el derecho a la
legítima defensa individual y la obtención de ayuda, no sólo
proveniente de una acción institucional, sino también del ejercicio
por otros Estados del derecho a la legítima defensa colectiva.
Los debates en el seno de la CDI en torno a la elaboración de la
Resolución 3314 (XXIX) estuvieron presididos por la confusión, ya que
muchos Estados opinaron que la definición de la agresión debía reducir
la disociación entre los conceptos de agresión y ataque armado que se
reflejó en la Carta, y que debía contribuir a clarificar el derecho a
la legítima defensa; por el contrario, otras delegaciones insistían en
la disociación de ambos conceptos, bien porque no querían la extensión
de la legítima defensa a supuestos de agresión indirecta (Estados del
tercer mundo), bien porque, reticentes incluso a la adopción de una
definición de la agresión, temían que se restringiera el derecho a la
legítima defensa (EEUU).
La CIJ estableció un silogismo básico: si el ataque armado es el
presupuesto necesario para la legítima defensa, y si ese ataque armado
es equiparable a la agresión, entonces los actos constitutivos de
agresión pueden dar lugar a la legítima defensa siendo por tanto
pertinente la Resolución 3314 (XXIX) para determinar la licitud de la
legítima defensa.
Una primer cuestión que se suscita en torno a este silogismo es acerca
de la llamada “agresión indirecta”. La Carta no distinguió en 1945
entre ataque armado/agresión directa (mediante las fuerzas regulares
de un Estado) o indirecta (mediante las llamadas “bandas armadas,
grupos irregulares o mercenarios). Siguiendo la resolución 3314 (XXIX)
nada impide que se deduzca hoy día que en ambos supuesto es admisible
el recurso a la legítima defensa. En cambio la Carta sí parece
requerir que el ataque armado/agresión en un uso de la fuerza de un
Estado contra otros Estado, es decir: el ataque armado, aunque llevado
a cabo por bandas armadas o grupos irregulares, debe ser atribuible al
Estado contra el cual el otro Estado recurre a la fuerza en legítima
defensa. Por el contrario, los actos de fuerza llevados a cabo por
bandas armadas o grupos irregulares, independientemente de cualquier
acción u omisión de un Estado, no constituirían un ataque armado en el
sentido del art. 51. La clave es, por lo tanto, determinar el grado de
implicación requerido para atribuir a un Estado los actos de fuerza
llevados a cabo por las bandas armadas o grupos irregulares.
Los requisitos para aceptar que los actos de fuerza así caracterizados
son constitutivos de un ataque armado son dos: que los actos de fuerza
llevados a cabo por esas bandas o grupos revistan una determinada
gravedad y que tales actos sean atribuibles a un Estado.
Pero ¿qué significa participación sustancial en tales actos de
fuerza?. Un ataque armado en el sentido del art. 51 de la Carta, no ha
de perpetrarse simplemente desde un Estado sino más bien por un
Estado. Es decir que no puede incluirse entre las circunstancias
constitutivas de un acto de agresión cualquier participación de un
Estado en los actos de fuerza de esas bandas o grupos, como sin
embargo han mantenido algunos Estados occidentales, tanto en los
Comités especiales en cuyo seno se elaboraron las Resoluciones
2625(XXV) y 3314 (XXIX) en cuanto a las alegaciones que justifican en
la legítima defensa el recurso unilateral a la fuerza contra Estados
pretendidamente implicados en actos y actividades terroristas.
“En un mundo convulsionado y desestabilizado, es poco realista
dificultar a los Estados el recurso a la legítima defensa, pero
también es innegable que la legítima defensa es fácil argumento para
que los terceros Estados, en particular las grandes potencias,
intervengan, incluso recurriendo a la fuerza en nombre de la defensa
colectiva, allí donde sus intereses particulares pueden encontrar
satisfacción de ese modo”, (Juez Sir R. Jennings, en su opinión
disidente a la sentencia de la CIJ del 27 de junio de 1986).
Los actos terroristas estuvieron incluidos prácticamente en todas las
propuestas presentadas por los Estados a los Comités Especiales sobre
la cuestión de la definición de la agresión y sin embargo no aparecen
en la redacción final del texto de la resolución 3314 (XXIX) (no así
en la Resolución 2625 (XXV) que los incluye expresamente). Podría
argumentarse que esta exclusión en la redacción final del art. 3g) de
la resolución mencionada fue consciente y estuvo motivada por el
enconamiento de los debates que en aquellos momentos se sucedían en la
Asamblea General y en el mundo entero sobre el terrorismo
internacional.
En cuanto a la atribución y a la gravedad de los actos terroristas, la
pretensión de considerar estos actos como un ataque armado ha de
acompañarse, salvo que los hechos sean notorios, de las pruebas que
sean necesarias (entre ellas la gravedad circunstancial, intensidad o
magnitud de estos actos terroristas) para atribuir estos actos y
actividades al Estado frente al que se pretende recurrir a la fuerza
en pos de la legítima defensa. La gravedad atañe tanto a la necesidad
como a la proporcionalidad, de modo que no puede considerarse
exclusivamente, como ya se ha hecho en la práctica del Consejo de
Seguridad, a efectos de determinar la proporcionalidad de la respuesta
(reacción) a un determinado acto de fuerza (acción).
Otra cuestión muy importante que se plantea es la llamada “ tesis de
la sucesión o acumulación de actos de fuerza armada”, por la cual
ciertos actos de fuerza armada que no constituyen aislada y
separadamente un ataque armado, ya que aunque puedan en último extremo
atribuirse a un Estado no son de suficiente gravedad, podrían cumplir
la satisfscción de este requisito de gravedad a través de su
acumulación o sucesión de una pluralidad de estos actos. Esta tesis
encontraría un campo muy interesante de aplicación en los actos
terroristas, ya sea para justificar el ejercicio de la legítima
defensa frente a actividades en curso o para prevenir el peligro de
actos terroristas futuros, posiblemente inminentes. En diversas
ocasiones algunos Estados han sostenido la tesis de la acumulación de
actos para justificar la intromisión en el territorio de otro Estado a
través de la legítima defensa ( Israel para justificar sus incursiones
en el Líbano frente a los actos de fuerza llevados a cabo por los
“fedayines” desde el territorio libanés; los Estados Unidos en el
bombardeo aéreo de Libia en 1986, etc.).
Pero la tesis de la acumulación de actos suscita más problemas de los
que resuelve. En tanto que propone que la legalidad de la reacción
armada sea examinada en el contexto de la globalidad de los actos
hostiles, limitados y esporádicos pero reiterados durante un
determinado lapso, su aceptación no sólo posibilitaría determinar la
existencia de un ataque armado, sino que además incidiría en las
condiciones de ejercicio de la legítima defensa: flexibilizaría el
rigor de la necesaria inmediatez y de la proporcionalidad de la
defensa, porque la satisfacción de esas condiciones no se exigiría
exclusivamente por referencia al acto de fuerza inmediatamente
anterior a la respuesta defensiva.
En conclusión, sobre estas premisas (atribución a un Estado, gravedad
de los actos terroristas e inmediatez espacio temporal) descansa la
calificación del recurso a la fuerza como legítima defensa. La
legítima defensa es una excepción que, en la práctica, se revela
excesivamente restrictiva como medio para luchar contra el terrorismo
internacional. Ausentes los requisitos ya mencionados sólo el
consentimiento del Estado podría incluir la ilicitud del recurso
unilateral a la fuerza por un Estado en el territorio de otro Estado
(así se justificaron las operaciones de rescate de la RFA en
Mogadiscio, Somalia en 1977, y de Egipto en Larnaca, Chipre en 1978).
Descartada la legítima defensa como título que justifique el recurso
unilateral a la fuerza, es necesario indagar si otra circunstancia
(estado de necesidad o contramedida) podría o debería excluir la
ilicitud de tal respuesta.
Las represalias armadas: La Carta de Naciones Unidas clarificó el
estatuto de las represalias armadas y así, por ejemplo, en su
Resolución 188 (1964) el Consejo de Seguridad “condena las represalias
armadas como incompatibles con los propósitos y principios de las
Naciones Unidas”, y, en la Resolución 2625 (XXV) la Asamblea general
afirmó expresamente, dentro del contenido normativo del principio de
no recurrir a la fuerza, que “los Estados tienen el deber de
abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza”.
Las represalias armadas son, asimismo, contrarias al principio de no
intervención, según Resolución 36/103 de la Asamblea General (1981), y
por tanto su prohibición encuentra un doble fundamento, el principio
de prohibición del recurso a la fuerza y el principio de no
intervención, al ser parte del contenido común a ambos principios.
Sin embargo, los últimos cincuenta años ponen de manifiesto la
destreza con que los Estados tornan la lógica retributiva de las
represalias en una acción preventiva y protectora. Por esta razón y
por las ya mencionadas a lo largo de este artículo, un sector de la
doctrina ha desenmascarado esas invocaciones a la legítima defensa, y,
en función de las mismas y de la apelación (con menor asiduidad) a las
represalias armadas, ha mantenido la legitimidad de ciertas
represalias armadas, sobre la base de dos argumentos principales: bien
por la pervivencia del derecho a adoptar represalias armadas que
existía, aunque de modo controvertido, antes de la Carta de Naciones
Unidas; o bien por la formación de una nueva norma consuetudinaria que
derogaría, al menos parcialmente, la anterior prohibición. Sin embargo
este pensamiento estaría contribuyendo a un divorcio entre la realidad
y el Derecho, que arrojaría dudas sobre el carácter normativo de la
prohibición.
Respecto a este tema el historiador Paul Kennedy ha señalado que “Si
bien en la carta de las naciones unidas no hay nada contra las accione
preventivas esta claro que ya no son vistas como legitimas. El énfasis
en cambio esta en el arreglo pacifico de las disputas y en caso de que
haya alguna accion militar esta debe ser aprobada por el consejo de
Seguridad. Hasta la famosa cláusula sobre el derecho a la autodefensa
(Art. 51) es bastante escueta ya que indica que un estado miembro esta
autorizado a defenderse solo si hay un ataque armado”
Una posición muy distinta de la práctica de los Estados y del Consejo
de Seguridad es sostenida por otros sector doctrinal, para el que la
opinión general sigue afirmando la prohibición de las represalias
armadas. Esta posición está basada en tres argumentos: sólo unos pocos
Estados occidentales han recurrido a represalias armadas, lo cual no
posibilita la formación de una costumbre internacional; los terceros
Estados, incluso los Estados que recurren a la fuerza, siempre han
condenado las represalias armadas, tanto dentro como fuera del Consejo
de Seguridad; y los Estados no sólo han invocado la legítima defensa
en el seno de la ONU sino también fuera de esta organización.
De acuerdo a la formación de las costumbre en el derecho internacional
contemporáneo, se haría primar aquí la opinio juris de los Estados
sobre la práctica. Esto llevaría a afirmar la prohibición de las
represalias armadas, porque los Estados siempre intentan justificar
sus reacciones armadas invocando la excepción normativa a la
prohibición, también normativa, del recurso a la fuerza en legítima
defensa.
La reinstauración de las represalias armadas es técnicamente posible.
Pero, o bien sería poco realista o práctico pretender un examen de la
licitud de las represalias armadas en base a algún modelo a
desarrollar, en particular en ausencia de un tercero imparcial con
competencia efectiva, o bien, si nos centramos en la finalidad
retributiva de las represalias, dicha reinstauración sería poco
consistente con el sistema de seguridad colectiva: la adopción de esas
represalias sería genérica y específicamente evitable, (es decir que
sería posible no reaccionar y sería posible reaccionar de otro modo
pues no sería la única reacción posible). En este sentido, esas
represalias no se integrarían y corregirían el sistema de seguridad
colectiva sino que serían una alternativa al mismo.
9 LA NUEVA DOCTRINA DE DEFENSA DE LOS EE.UU.
La referida crisis del multilateralismo se corporiza en la nueva
doctrina militar de los Estados Unidos. Efectivamente, el documento
denominado “Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos de América”,
dado a conocer por La Casa Blanca el 17 de Setiembre de 2002,
representa la consagración institucional del “unilateralismo”
norteamericano.
El referido documento consagra “los ataques preventivos” contra
estados u organizaciones que amenacen sus intereses, consagrando en su
Sección V el unilateralismo norteamericano en política exterior,
militar y de seguridad. Esta doctrina subordina los acuerdos y
tratados multilaterales a las prioridades e intereses de EE.UU.,
convirtiéndose en la antítesis de la Carta de San Francisco, y
poniendo fin a más de medio siglo de consensos en el sistema
internacional.
A continuación haremos un análisis critico de los puntos mas
sobresalientes de la mencionada sección V, haciendo hincapié en
aquellas medidas que constituyen una flagrante violación tanto a la
carta de Naciones Unidas, como al derecho internacional en general.
La sección V establece: “Nosotros interrumpiremos y destruiremos a las
organizaciones terroristas por medio de”:
*
Acciones directas y continuas usando todos los elementos del poder
nacional e internacional. Nuestro foco serán aquellas
organizaciones terroristas de alcance global y cualquier
terrorista o estado que fomente el terrorismo, que atenté a
obtener o usar armas de destrucción masiva o sus precursores;
En este enunciado, no encontramos mayores violaciones al Derecho
Internacional, ya que como manifestamos en puntos anteriores, existen
instrumentos jurídicos del mismo que permiten la persecución, tanto de
aquellos individuos u organizaciones que perpetran actos terroristas,
como a aquellos estados que las apoyan o las fomentan. Lo llamativo de
este párrafo es la utilización de terminos como “nosotros” o la
alusión a “elementos de poder Nacional e internacional”. Sin duda
alguna esta terminología no es casual y denota la preeminencia que se
le da a las acciones individuales por encima de las colectivas.
*
La defensa de los EE.UU, del pueblo americano, y de nuestros
intereses en casa y afuera por medio de la identificación y
destrucción de la amenaza antes de que esta alcance nuestras
frontera. A pesar de que EE.UU. pelee constantemente por obtener
apoyo de la comunidad internacional, no dudaremos en actuar solos
de ser necesario, para ejercer nuestro derecho de autodefensa
actuando preventivamente, con el fin de prevenir posibles daños
ocasionados contra nuestra población y nuestro país.
El párrafo anteriormente transcripto constituye un decálogo de
recursos expresa o implícitamente prohibidos por el consenso
internacional. Veamos:
La alusión a “La defensa…. de nuestros intereses en casa y afuera por
medio de la identificación y destrucción de la amenaza antes de que
esta alcance nuestras frontera.” Significa una reimplamntacion de las
medidas de autoconservacion y de necesidad”, descartadas, como dijimos
antes, hace años por el DI. La vaguedad y subjetividad del termino
“nuestros intereses” haría posible recurrir a medidas de uso de la
fuerza en forma, indiscriminada y arbitraria. En tanto la segunda
parte de la oración recurre a la necesidad como justificativo del uso
de la fuerza.
*
En reiteradas ocasiones hemos expresado que la legitima defensa
preventiva es un recurso claramente violatorio del DI, no obstante
ello el párrafo “no dudaremos en actuar solos de ser necesario,
para ejercer nuestro derecho de autodefensa actuando
preventivamente, con el fin de prevenir posibles daños ocasionados
contra nuestra población y nuestro país.” Emplea este institudo
como justificativo de una acción de uso de la fuera.
Encontramos a lo largo de la sección V varios argumentos que intentan
justificar la aplicación de estas medidas de uso de la fuerza, por
ejemplo: “la inhabilidad para disuadir a un potencial atacante, la
inmediatez de la amenaza de hoy, la magnitud del daño potencial que
pueden causar las armas elegidas por nuestros adversarios, no permiten
esa opcion ( refiriendose a la denominada, postura reactiva utilizada
en el pasado). No podemos dejar a nuestro enemigo golpear
primero.”…..”los conceptos tradicionales de disuasión no funcionan
contra un enemigo terrorista cuyas tácticas declaradas son la
destrucción caprichosa y tienen como blanco a inocentes; cuyos tan
conocidos soldados buscan el martirio en la muerte y cuya mas potente
protección es la nopertenencia a un estado…”
Y continua diciendo:
“Durante siglos el derecho internacional ha reconocido que no es
necesario que los países sufran un ataque antes de que puedan tomar
legalmente medidas para defenderse de las fuerzas que presentan
peligro inminente de ataque. Expertos jurídicos y juristas
internacionales a menudo condicionan la legitimidad de la prevención a
la existencia de una amenaza inminente, especialmente una movilización
visible de ejércitos, armadas y fuerzas aéreas que se preparan para
atacar. Debemos adaptar el concepto de amenaza inminente a las
capacidades y objetivos de los adversarios de hoy. Los estados al
margen de la ley y los terroristas no buscan atacarnos usando medios
convencionales. Saben que esos ataques fracasarían. En cambio,
dependen de actividades terroristas y, potencialmente, del uso de
armas de destrucción en masa, armas que pueden ocultarse fácilmente,
transportarse en secreto y utilizarse sin previo aviso. El blanco de
estos ataques son nuestras fuerzas militares y nuestra población
civil, lo que viola directamente uno de las principales normas del
derecho de la guerra. Como se demostró con las pérdidas de 11 de
septiembre de 2001, el objetivo específico de los terroristas es
causar víctimas civiles en gran escala, y estas pérdidas serían
exponencialmente más graves si los terroristas adquieren y utilizan
armas de destrucción en masa. Durante largo tiempo Estados Unidos ha
mantenido la opción de la acción prioritaria para contrarrestar una
amenaza suficiente a nuestra seguridad nacional. Cuanto mayor sea la
amenaza, mayor es el riesgo de la inacción y más imperiosa la razón
para tomar medidas preventivas para defendernos, aunque subsista
incertidumbre en cuanto al momento y el lugar del ataque del enemigo.
Para impedir o evitar tales actos hostiles de nuestros adversarios,
Estados Unidos actuará preventivamente, si es necesario. Estados
Unidos no utilizará la fuerza en todos los casos para anticipar
amenazas que comienzan a surgir, ni los países deben usar la
prevención como pretexto para la agresión. Con todo, en una era en que
los enemigos de la civilización abierta y activamente procuran las
tecnologías más destructivas del mundo, Estados Unidos no puede
permanecer inactivo mientras aumentan los peligros. Siempre
procederemos en forma ponderada, tomando en consideración las
consecuencias de nuestras acciones….”
Como vemos expresado en los argumentos transcriptos, la idea de la
prevención incluso si ello implica una acción de uso de la fuerza,
esta presente en todo momento. Las nociones de que una posición
inactiva son perjudiciales a la seguridad de la nación y que para
evitarlo es necesario “atacar primero” dada la naturaleza y la
capacidad de le estas nuevas amenazas constituye el eje del planteo
Norteamericano. Por ultimo se hace un llamamiento, particularmente a
los hombres de leyes a que modifiquen y adapten el Derecho
internacional a las especiales características que implica la lucha
contra el terrorismo.
Desde ya, no podemos dejar de reconocer que hay mucho de cierto en los
argumentos esgrimidos, pero no podemos a la vez ignorar, el contexto
de abierto espíritu belicista en el cual los mismos han sido
esbozados. La lucha contra el terrorismo internacional es sin dudas un
imperativo al que deben comprometerse los estados. Sin embargo,
sostenemos que la necesidad de una lucha efectiva contra esta nueva
amenaza, no puede implica de ninguna manera la violación de los
principios del derecho internacional, ni su modificación al servicio
de los fines inmediatos perseguidos por una nación. El Derecho
internacional actual es el producto de años de trabajo y cooperación
entre las naciones, el mismo se ha construido lentamente en base a
aciertos y errores, en la busqueda del consenso y el esfuerzo de todas
las naciones a travez de los años. Pretender destruir lo edificado
durante años, significa un grave error, aunque sea en nombre de una
causa tan justa como es la lucha contra el terrorismo internacional.
CONCLUSIONES:
Apartir de lo analizado, podemos llegar a la siguientes conclusiones:
*
El uso unilateral de la fuerza por parte de los estado es un
recurso expresamente prohibido por el DI Internacional.
*
Tanto la Carta de las Naciones Unidas como La jurisprudencia
Internacional otorgan el carácter excepcional al las medidas de
legitima defensa y por ende las mismo solo podrán ejercerse dentro
de los limites expresos, siempre y cuando se den los requisitos
para su aplicación.
*
Dadas las particulares característica de los actos terroristas,
resulta muy difícil la aplicasion de tales medidas como
justificación para el ejercicio de una acción unilateral de la
fuerza.
*
La legitima defensa preventiva es un recuso prohibido por el
derecho Internacional y su ejercicio implica la violación del
derecho internacional.
*
La Carta de las Naciones Unidas es clara al expresar que es dicha
Organización y en determinadas situaciones, Los organismos
Regionales quienes están autorizados a dictar medidas que implique
en el empleo del recuso del uso de la fuerza.
Al esbozar estos puntos, no pretendemos tener una visión estrictamente
legalista, pues somos conscientes que tal postura lejos de ser un
remedio, puede constituir el germen de la propia destrucción del
sistema internacional. Si los estados no cuentan con instrumentos
efectivos para la lucha contra el terrorismo, terminaran por abandonar
la vía multilateral para encaminar sus luchas.
Por el contrario, lo que intentamos sostener es que es el
multilateralismo el camino correcto hacia una lucha eficaz y enérgica
contra el terrorismo internacional. Solo la instrumentación coherente
y consensuada de las naciones puede llevar a una solución permanente
ante esta nueva amenaza. Para ello es necesario construir consenso, y
sabemos por experiencia que el consenso no se construye de manera
inmediata, pero estamos convecinos que es la única forma de lograr
verdaderos avances en materia de lucha contra el terrorismo.
Como ya expresamos anteriormente, el forzamiento hacia una mayor
permisividad de los instrumentos con los que cuanta actualmente el DI,
solo contribuye a crear un caos mayor.
Una exacerbación del unilateralismo y una desarmonía total del sistema
internacional.
Bibliografía:
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Derecho Internacional”, Editorial Tecnos, España, 2000.
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*
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*
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*
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*
LUTTWAK Edward “La ropa nueva de la diplomacia de Bush II”, Diario
Clarín, 15 de Abril de 2001.
*
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*
SORENSEN, Marx, “Manual de Derecho Internacional Público”, Fondo
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